Después de unos años agitados, 2024 ha sido algo más tranquilo en el terreno económico. La recuperación parece estar en marcha, pero hay numerosos frentes abiertos y la incertidumbre continúa. ¿Qué podemos esperar de 2025? ¿Consolidación del crecimiento o más sobresaltos? ¿Estabilidad o tensiones? ¿Se recrudecerá la guerra comercial entre EEUU y China? Esa es quizá la pregunta que suscita más interrogantes.

Existe inquietud ante el comportamiento futuro del comercio internacional, amenazado por el proteccionismo y el riesgo de slowbatization. También causan preocupación los niveles altos de déficit y deuda pública en numerosos países y el estancamiento de la productividad. Veamos por qué.

Los grandes indicadores

La Figura 1 sintetiza las previsiones de crecimiento de la OCDE para algunas áreas geográficas en los dos próximos años. En general, y como puede verse, no se esperan grandes variaciones con respecto a 2024.

El crecimiento de la economía mundial será de 3,3% en 2025 y 2026, una décima superior al de 2024. La actividad económica en la Zona Euro se reactivará paulatinamente y pasará de crecer el 0,8% este año al 1,3% en 2025 y 1,5% en 2026. En EEUU, en cambio, es posible que la evolución del PIB se desacelere; se estima un crecimiento del 2,4% en 2025. Algo similar puede suceder en España: la OCDE pronostica una variación del PIB del 2,3% en 2025 y 2% en 2026, por debajo del 3% de 2024. En China el crecimiento continuará reduciéndose y será del 4,7% en 2025. India nuevamente crecerá con fuerza en el bienio próximo, muy cerca del 7%.

Figura 1. Tasas de crecimiento del PIB, áreas seleccionadas, 2024-26

Nota: crecimiento del PIB: en volumen. Fuente: OCDE.

En general, las medidas de política monetaria restrictiva de los últimos años han dado resultado. La inflación ha descendido. La inflación subyacente ha alcanzado ya el nivel objetivo fijado por los bancos centrales en aproximadamente la mitad de los países. Las autoridades monetarias comienzan a bajar los tipos de interés. El paro continúa en niveles muy reducidos en casi todo el mundo desarrollado. Algunos organismos internacionales prevén una tímida recuperación de los flujos comerciales, aunque existe mucha incertidumbre a este respecto.

Las perspectivas no son desfavorables. No obstante, las decisiones de política económica requieren máxima prudencia. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE coinciden en demandar cautela a los bancos centrales; sus estrategias futuras deben combinar la flexibilización progresiva de la política monetaria con una atención cuidadosa a la inflación para evitar que repunte. Y este punto está relacionado con la trayectoria futura del comercio internacional porque los aranceles encarecen los productos importados.

Tensiones geopolíticas y comercio internacional

En 2025 no hay previstas tantas convocatorias de elecciones como en 2024, lo que reduce la incertidumbre política. Hay rumores de negociaciones en marcha para terminar la guerra de Ucrania y desescalar la situación en Oriente Medio. No obstante, 2025 puede deparar más volatilidad. La situación en Siria es muy incierta y las tensiones geopolíticas continúan.

Con respecto al comercio internacional hay previsiones de todo tipo. Las bajadas de tipos han estimulado el consumo y la inversión y por tanto los intercambios comerciales. La World Trade Organization (WTO) pronostica una ligera recuperación en los flujos de mercancías y un incremento de volumen del 3% para 2025 (tres décimas por encima de 2024). El comercio de servicios continúa creciendo a buen ritmo y las perspectivas son favorables.

Las exportaciones de Asia – de países como China, India, Vietnam y Singapur– están resultando más dinámicas de lo previsto. Crecen los flujos comerciales de productos electrónicos, componentes de automoción y otras manufacturas procedentes del continente asiático. En cambio los sectores químico y de automoción en Europa no manifiestan todavía el vigor esperado, en parte porque el país líder en estos ámbitos es Alemania, que todavía no ha alcanzado la velocidad de crucero. La World Trade Organization detecta, además, un síntoma preocupante, la fragmentación del comercio regional debido a las tensiones geopolíticas; esta tendencia lleva al comercio a concentrarse entre países cultural o políticamente afines.

La mayor fuente de inquietud es la política comercial futura de Estados Unidos. En su primera legislatura Donald Trump introdujo aranceles y sanciones con el fin de reequilibrar el déficit comercial, incentivar la vuelta de la producción a suelo estadounidense y combatir el declive industrial. Joe Biden mostró un talante menos proteccionista pero no suprimió los aranceles establecidos por su predecesor. Incluso elevó los aplicados a algunos productos procedentes de China, como los semiconductores y los coches eléctricos. También estableció nuevas medidas regulatorias para proteger la industria, la tecnología y la seguridad nacional de la competencia (recordemos el caso de Huawey).

Como consecuencia de las barreras comerciales casi todas las importaciones a EEUU desde China cayeron entre 2017 y 2023. Los flujos comerciales procedentes del gigante asiático se sustituyeron con productos procedentes de Vietnam, Corea y México. Puesto que estos países aumentaron sus importaciones de China, parece probable suponer que los fabricantes chinos desplazaron parte de su producción desde China a otros países para eludir los aranceles. BYD, por ejemplo, el mayor fabricante de coches eléctricos, está tratando de construir una planta en México; si lo consigue, podrá acceder más fácilmente a los mercados norteamericanos.

Todavía se desconoce qué ocurrirá en el segundo mandato de Trump, pero tanto su campaña como sus nombramientos sugieren que continuará la presión sobre China y otros países con los que EEUU mantiene un déficit comercial. Las últimas previsiones de Oxford Economics resumidas aquí prevén un arancel del 30% a las importaciones chinas, del 25% para determinados bienes procedentes de Europa (incluyendo acero, aluminio y automóviles) y del 10% a productos seleccionados de Canadá, México, Corea del Sur, Japón y Vietnam.

Oxford Economics pronostica que el arancel efectivo sobre las importaciones pasará del 2 al 6%, contribuyendo así a la slowbatization o reducción de comercio mundial, tendencia detectada en los últimos 15 años. Mientras que la globalización llevó al comercio internacional a crecer el doble que el PIB en 1990-2007, desde el fin de la crisis financiera el comercio crece ligeramente por debajo de la producción.

Una cuestión relacionada que también preocupa a los expertos es el posible impacto inflacionista de los aranceles. Este efecto no es fácil de medir ni de estimar, porque depende del tamaño y duración de las barreras arancelarias y de la reacción del resto de los países al proteccionismo estadounidense. UBS estima que un arancel universal del 10% a las importaciones elevaría los precios un 1,3% cada año (porque las importaciones suponen el 12,7% del PIB de EEUU). No obstante, la subida de precios podría ser mayor si crecen los márgenes empresariales. Y un repunte de la inflación podría llevar a la Fed a bajar los tipos de interés en los próximos meses más lentamente de lo previsto o incluso a subirlos.

La necesaria estabilización fiscal

Una vez que la batalla contra la inflación parece ganada temporalmente, el siguiente reto de política económica consiste en estabilizar las finanzas públicas. Tanto el déficit como la deuda pública alcanzan cifras elevadas en un buen número de países. El momento no es oportuno. Los cambios demográficos conllevan fuertes aumentos de gasto público en pensiones, sanidad y dependencia. Si los gobiernos no actúan de forma enérgica, el envejecimiento de la población conducirá a ratios déficit/PIB y deuda pública/PIB todavía más altos en el futuro. Solo se podrá hacer frente a los retos demográficos si el gasto público actual se racionaliza y contiene, de modo que exista margen de maniobra para los aumentos que se requerirán en el futuro.

La UE desea actuar en esta dirección y ha reactivado las reglas fiscales. En este punto es preciso hacer un poco de historia. El marco de gobernanza fiscal de la UE se asienta sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de 1997. Este pacto buscaba el equilibrio de las finanzas públicas de los países de la UE para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento. Para ello fijó un límite del 3% al indicador déficit público/PIB y del 60% a la deuda pública/PIB.

Durante los años 2020 a 2023, ante la pandemia y la guerra de Ucrania, la Comisión Europea aplicó la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la práctica recomendó suspender las reglas fiscales establecidas en el PEC.

La Comisión retiró la claúsula a finales de 2023. Al hilo de la reimplantación de las reglas fiscales se generó un debate sobre la necesidad de modificar el Pacto. Algunos criticaban los límites del 3% y 60% por arbitrarios y poco realistas. Otros opinaban que el acuerdo no incentivaba de modo suficiente la consolidación fiscal en las expansiones. Por otra parte, el PEC no impidió la acumulación excesiva de deuda en algunos casos (Grecia); al no tener en cuenta la deuda privada, tampoco evitó la generación de burbujas inmobiliarias (en Irlanda y España).

En febrero de 2024 se llegó a un acuerdo para reformar la gobernanza fiscal europea. La reforma entró en vigor el 30 abril de 2024 y las reglas fiscales se han comenzado a aplicar de nuevo a las administraciones públicas, en una versión modificada. En síntesis, el nuevo acuerdo aspira a fomentar la visión de medio plazo y el aumento del compromiso por la estabilidad fiscal de cada país. También facilita el tratamiento diferenciado en función de la situación individual, de modo que se analiza la sostenibilidad de su deuda pública en el escenario concreto de sus perspectivas demográficas.

A pesar de sus limitaciones, no cabe duda de que el PEC introdujo disciplina fiscal en Europa, limitando el cortoplacismo de los gobiernos que les lleva a priorizar los cálculos electorales. Será necesario esperar para ver si los cambios han sido acertados y si las nuevas reglas funcionan adecuadamente.

El reto de las reformas y la productividad

La competencia en los mercados promueve la innovación, la eficiencia, la adopción de buenas prácticas y el aumento en la calidad de los productos. Un comercio internacional dinámico estimula a las empresas domésticas y facilita la difusión de la tecnología puntera. La slowbatization o desaceleración de los flujos de intercambio agrava un problema que se está enquistando, el anémico crecimiento de la productividad.

Como se comentó aquí, la productividad creció con rapidez desde 1980 hasta la primera parte de la década de 2000, pero perdió dinamismo a partir de la crisis financiera. El fenómeno afecta a todos los países desarrollados y a las economías emergentes, aunque con rasgos diferentes. En el caso de los primeros se detectan carencias importantes en el campo de la educación y capacitación en competencias, como veremos, mientras que en los segundos resulta prioritario consolidar las instituciones y el estado de derecho y reducir la corrupción y la falta de transparencia.

La ralentización de la productividad es particularmente preocupante en Europa, como ha destacado el Informe Draghi. También el FMI ha alertado de la situación (hay más detalles aquí). Cada vez se amplía más la distancia entre la productividad en EEUU y en Europa. Las empresas del Viejo Continente son menos dinámicas e innovadoras. Encuentran obstáculos para acceder a la financiación y a nuevos mercados. Les resulta difícil crecer, algo crucial en sectores intensivos en tecnología para explotar las economías de escala. Operan en mercados de factores y productos donde todavía existen fricciones, excesivas regulaciones, desincentivos fiscales y barreras a la integración. Y se van quedando atrás en el liderazgo en sectores punteros, como el coche eléctrico o la inteligencia artificial, que encabezan las empresas norteamericanas o chinas.

En numerosos países desarrollados se detecta una distancia creciente entre las competencias de los empleados y las necesidades de las empresas, que cambian en respuesta a las nuevas tendencias en la economia (avances tecnológicos, envejecimiento de la población, cambio de preferencias de los consumidores, consideraciones sobre la sostenibilidad).

Un  informe reciente de la OCDE, el Employer Survey Module on Skill Gaps, analiza los déficit de competencias en Italia, Holanda, Eslovaquia, Portugal y Hungría. Más de un tercio de las empresas de los países citados reconocen que se enfrentan a un gap de competencias. Más en concreto, detectan falta de habilidades técnicas o especializadas y escasa capacidad de resolver problemas y trabajar en equipo. Tambien hay empresas (sobre todo las pequeñas) que carecen de medios para percibir las carencias de competencias, algo todavía más grave. Las compañías grandes detectan falta de competencias en el ámbito de la gestión, las pequeñas en el servicio al cliente y la resolución de problemas. La falta de competencias genera efectos indeseados, como aumentos de costes, sobrecarga a una parte de la plantilla y dificultades para poner en práctica buenas prácticas y nuevos procedimientos más eficientes en el trabajo (lo que cronifica la situación).

En paralelo, un tercio de los empleados en países de la OCDE experimentan un desajuste entre sus cualificaciones y ámbitos de especialización y su empleo (los detalles pueden verse aquí). Muchos de ellos han cursado estudios con escasa demanda; también les ha perjudicado la adaptación demasiado lenta de la formación al mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.

Otro reto es la inteligencia artificial (IA). El debate sobre su impacto es intenso: para algunos la IA será disruptiva; otros, como el premio Nobel Acemoglu, son más escépticos al opinar que la inteligencia artificial combina bajo retorno y alto riesgo. Acemoglu estima que la IA facilitará un aumento de la productividad reducido, del 0,064% al año (o algo más de medio punto porcentual en una década). En todo caso, el grado de adopción de la IA es todavía limitado; en el fondo casi todos los sectores y profesiones tienen todavía que aprender cómo rentabilizar su potencial y optimizar su empleo.

Algunas conclusiones

La recuperación parece estar en marcha pero es preciso consolidar el crecimiento en un escenario incierto. La principal fuente de riesgos es el comercio internacional, que comienza a ser más dinámico, pero que puede verse perjudicado por la política comercial de la segunda legislatura de Trump. Es previsible que aumenten los aranceles, no solo a China sino también a algunos países a los que se ha relocalizado la producción. Si los aranceles en EEUU son elevados o generan nuevas medidas proteccionistas por parte de sus socios puede aparecer la temida slowbatization.

En los años precedentes han crecido los deficit y la deuda pública, algo especialmente preocupante en un escenario de envejecimiento de la población y bajo crecimiento de la productividad. La UE estrena un marco fiscal reformado, esperemos que incentive la sostenibilidad de las finanzas públicas y ayude a estabilizar la deuda soberana.

En todas partes se requieren reformas ambiciosas y valientes, que mejoren el funcionamiento de los mercados de factores y productos y estimulen el crecimiento de la productividad. En particular, los países desarrollados deben apostar por la mejora de la educación y capacitación en competencias de los empleados, de modo que se cubran las necesidades del mercado de trabajo. Los gobiernos tienen trabajo por delante en 2025: diseñar una politica fiscal estable y acometer reformas que dinamicen la productividad.